L'Audiència Nacional ha decidit passar pàgina. Dos articles, un de
La Vanguardia i l'altre d'
El País:
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Archivada la causa por fraude contra los directivos de Air Madrid
15/06/2007| Actualizada a las 14:31h
Madrid. (Efe).- El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande Marlaska ha archivado las actuaciones contra el presidente de Air Madrid, José Luis Carrillo, y tres gestores de la compañía por un presunto delito de estafa, al entender que no tenían "voluntad de incumplir los compromisos" con más de 60.000 viajeros.
Así lo indica el juez Grande-Marlaska en un auto, conocido hoy, en el que decide el "sobreseimiento libre" de esta causa abierta, hace seis meses, tras una denuncia de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) contra Air Madrid al deducir que los ejecutivos de Air Madrid vendieron billetes a miles de clientes pese a saber que la compañía tenía que parar sus vuelos.
Según el juez, de los testimonios de los imputados y testigos y las pruebas aportados a la Audiencia Nacional "no puede inferirse en modo razonable que Air Madrid tuviera una voluntad concreta y previa de incumplir los compromisos adquiridos ni de no subsanar las anomalías detectadas" en la gestión de los vuelos que motivó, posteriormente, su suspensión de actividades en diciembre de 2006.
Esta suspensión, motivada entre otros motivos por un agujero patrimonial superior a los 30 millones de euros reconocido por la empresa, provocó que más de 60.000 pasajeros se quedasen sin poder viajar entre España y varios países de Iberoamérica a finales del año pasado.
En su auto, el juez Grande Marlaska indica que la mayor parte de la facturación de la venta de billetes del mes de noviembre de 2006 se generó a través de las agencias de viajes, por lo que, este dinero, "no entró nunca en las cuentas o depósitos bancarios de Air Madrid" durante la crisis, sino que lo hizo ya cuando se tramitó la insolvencia por un juzgado mercantil.
Además, el juez afirma que los ejecutivos de Air Madrid imputados no faltaron "a sus deberes de información con los clientes", porque hasta el 12 de diciembre de 2006 -fecha en la que se produjo la suspensión de sus licencias-, no fue requerida por el Ministerio de Fomento para que comunicase la mala situación de la compañía a sus clientes.
Tampoco, a juicio del juez, puede derivarse de la investigación realizada una "voluntad inicial de incumplimiento" por parte de los gestores, dado que el Ministerio de Fomento dejó transcurrir una semana, desde su inspección de la compañía (el 4 de diciembre) hasta la revocación de la licencia de "gestión de aeronavilidad", el 12 de diciembre de 2006.
Además -explica el auto- "la razón del expediente administrativo que derivó en la suspensión de actividades no se encontraba articulado en incumplimientos de la compañía con sus clientes", como los retrasos registrados en meses pasados como noviembre, sino en "circunstancias técnicas" sobre el mantenimiento de los aviones y la gestión de los vuelos.
Precisamente el juez relata como, en mayo de 2006, la Dirección General de Aviación Civil -dependiente del Ministerio de Fomento- detectó "anomalías", aunque "nunca determinantes", en la organización de la aerolínea, que derivaron en varias inspecciones realizadas en los meses de agosto y septiembre y una resolución de Fomento, en noviembre, para que la compañía "subsanase" deficiencias.
Pese a los propósitos de Air Madrid, a principios de diciembre de 2006, los inspectores elaboran un informe donde hacen "constar una serie de deficiencias" que, al no ser subsanadas, desembocan en la suspensión de la licencia denominada (CAMO), por la que se autorizaba "el control de gestión de mantenimiento de la aeronavilidad".
Esta suspensión acarreó también la retirada de la licencia de explotación y la licencia de operador aéreo (AOC) y, como consecuencia, el cese de actividad de la compañía.
Por otra parte, el auto de la Audiencia Nacional señala, asimismo, que no valora "ni la proporcionalidad, ni legalidad en la suspensión de las actividades, así como la imputación del incumplimiento final de los servicios contratados", cuestiones que podrían ser resueltas por el Juzgado Mercantil número 5 de Madrid, que tramita la insolvencia de la aerolínea.
Finalmente, el juez Fernando Grande Marlaska indica que "no podría nunca ser minimizado" la "entidad y gravedad" del daño generado a los más 60.000 pasajeros de la compañía aérea, muchos de los cuales debieron beneficiarse de vuelos públicos o privados para regresar a España o volver a varios países de América Latina durante el 2007.
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Marlaska archiva la causa contra los directivos de Air Madrid
La OCU acusó al presidente y tres directivos de vender billetes cuando ya sabían que la aerolínea iba a cerrar
ELPAIS.com/AGENCIAS - Madrid - 15/06/2007
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande Marlaska ha acordado hoy archivar la investigación abierta contra el presidente de Air Madrid, José Luis Carrillo, y otros tres directivos de la aerolínea por presunto fraude en la venta de billetes después de saber que iban a cerrar la compañía. En su auto, Marlaska acuerda el sobreseimiento libre al no haber encontrado "indicio alguno de criminalidad". Contra este auto cabe recurso de reforma o apelación en el plazo de tres días.
Los ingredientes para que haya estafa son: engaño, ánimo de lucro, perjuicio y relación causal. Y Grande Marlaska no los ha encontrado. Air Madrid no sabía la que se le venía encima cuando en noviembre vendía billetes de vuelo a sus clientes con total normalidad. Al menos, es lo que Marlaska ha concluido tras investigar desde el pasado mes de diciembre a los máximos responsables de la compañía .
Por tanto, Air Madrid no tenía la intención previa de incumplir los compromisos adquiridos con sus clientes, según se desprende del auto. Prueba de ello es que el dinero de los billetes vendidos a través de las agencias, la mayoría, tienen que pasar antes por la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) y la compañía lo embolsa a mes vencido. El juez Marlaska argumenta de este modo que Air Madrid no incumplió el contrato con el fin de estafar a sus clientes, aunque luego estos no disfrutaran del servicio que contrataron y por el que pagaron.
El auto también explica que el expediente abierto contra la compañía aérea que derivó en la suspensión de actividades respondía a las anomalías detectadas en los aviones, pero no a incumplimientos premeditados de la aerolínea con sus clientes.
Los implicados en el proceso
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), a la que se adhirieron las de Asgeco Confederación, Fuci y el particular Marcelo Amendola, fueron las que presentaron la denuncia contra los directivos de Air Madrid y los que motivaron la investigación iniciada el pasado mes de diciembre.
En el otro lado de la balanza, en el de los acusados, declararon como imputados el presidente de la compañía, José Luis Carrillo, el adjunto a la presidencia, Julio Miguel Martínez, la directora del departamento de Ventas, Silvia Avelar Bravo, y el director del departamento de gestión, Juan Barjau Romero. En calidad de testigos declararon el director general de Aviación Civil, Manuel Bautista, y el instructor del expediente abierto por la Dirección General de Aviación Civil contra Air Madrid, Javier Asenjo.
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